De esta manera se deja sin efecto la ley de Caducidad, vigente desde marzo de 1985 y ratificada en dos consultas populares, celebradas en 1989 y 2009. La iniciativa permitirá que el poder judicial siga adelante con los casos de violaciones a los Derechos Humanos perpetrados durante la dictadura de 1973-1985, delitos que hubieran prescrito el pasado 1 de noviembre.
La ley, compuesta de cuatro artículos, establece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado en estos delitos, su imprescriptibilidad y su calificación de los mismos como delitos de lesa humanidad.
El tema ha generado duros debates entre el oficialismo y la oposición. La oposición considera que esta iniciativa es un ataque a la Ley de Caducidad, aprobada en referéndum en 1989 y 2009, que impide juzgar a los antiguos militares involucrados en violaciones de los Derechos Humanos, así como a la Suprema Corte de Justicia, que en junio determinó que los delitos de la dictadura no son de lesa humanidad.
A esto debe agregarse y este es el principal argumento manejado por el oficialismo, que en los años posteriores a la aprobación de la Ley de Caducidad, el Estado uruguayo fue cuestionado por distintos organismos internacionales debido a la incompatibilidad de la misma con los compromisos de derechos humanos suscritos por Uruguay. Tal es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y, sobre todo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que falló en contra del Estado uruguayo en el caso "Gelman vs. Uruguay".
Sobre la ley de Caducidad, el fallo de la CIDH establece que el Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos.
Pero más allá de los aspectos jurídicos hay aspectos éticos a considerar también y que no pueden soslayarse a la hora de analizar este nuevo escenario. Por un lado está claro que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, tal su nombre, es antiética y ofensiva para cualquier sensibilidad, pero no es menos cierto que fue aprobada, en 1985, en el marco de un contexto histórico muy especial y bajo la amenaza de una sublevación militar.
Una situación política que hoy es muy diferente: ya las Fuerzas Armadas no piensan en el golpe de Estado y acatan sin rodeos la institucionalidad.
Hay otro aditamento no menos importante, quizás cardinal y, desde mi punto de vista el de mayor peso: esta ley se puso a votación por dos oportunidades, en el año 1989 y junto con las elecciones nacionales, en el mes de octubre de 2009. En ambas oportunidades, la ley, por decisión popular, fue ratificada. Y esto entra dentro de los aspectos éticos a tomar en cuenta.
¿Qué sentido tuvo, entonces, llamar al pueblo a votar, si la mayoría parlamentaria se arroga ahora la potestad de desconocer lo que la mayoría popular decidió?
Seguramente puede haber una respuesta a este punto, pero una respuesta política, no jurídica. No hay dos miradas en el tema. Con la disposición aprobada se elude el pronunciamiento popular.
También no es menos cierto que bajo el imperio de la Ley de Caducidad y desde el gobierno de Tabaré Vázquez en adelante se ha investigado y se han encarcelado a los principales responsables del terrorismo de Estado, un aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de hacer el necesario balance.
Lo que sigue ahora es el ojo por ojo diente por diente. Ya han caído en los juzgados cientos de denuncias. Será juzgado hasta el cabo que afeitaba a los presos políticos. ¿Es el camino de la reconciliación y la pacificación nacional, de la justicia o es el camino de la venganza?
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