Allí estuvieron, Julio María Sanguinetti, que asumió el 1 de marzo de 1985, poniendo fin a 12 años de dictadura militar, y que repitió el mandato luego de que Luis Alberto Lacalle lo sucediera en 1990, Jorge Batlle, Tabaré Vázquez y el actual mandatario, José Mujica.
La foto de estos presidentes, publicada en todos los diarios y las imágenes del acto, emitidas por la televisión, mostró, más allá de las discrepancias, producto de diferentes visiones ideológicas, una clase política que tiene una mirada que va más allá de lo meramente coyuntural y del enfrentamiento de barricada que caracteriza la política vernácula y que la diferencia, por ejemplo, de sus vecinos de Argentina.
“A la democracia se le da valor cuando se la pierde”, reflexionó, no sin una dosis de autocrítica el presidente Mujica, quien en los años sesenta supo levantarse en armas contra el Estado democrático.
Hoy, con la democracia recuperada, y la lección aprendida, los uruguayos podemos, desde el punto de vista estrictamente político, afirmar que este país ha logrado estabilidad institucional.
Baste como muestra de ello que cuando Sanguinetti asumió en su primer mandato, el actual presidente, seguía siendo un preso político. Mujica al igual que varios de sus compañeros de armas recuperó la libertad tras la aprobación de la Ley de Amnistía para presos políticos.
Sin embargo, más allá del recuerdo de la recuperación democrática, siguen habiendo cosas en la cuenta del debe, sobre todo con quienes nacieron en el año 1985. Porque a pesar de que quienes comparten su partida de nacimiento con la democracia recuperada no saben de marchas militares o no conocen desaparecidos políticos o persecuciones por sus ideas, no encuentran, en gran mayoría, oportunidades para darle a la democracia el valor del que hablaba Mujica.
Han cumplido 25 años invictos en el plano institucional, pero están perdiendo por goleada en otros, por ejemplo, y quizás uno de los más importantes, el educativo; producto del descaecimiento de la escuela pública, antes un lugar de igualdad y puerta de entrada al mundo del trabajo.
En cambio, para los jóvenes actuales, nacidos a partir de la recuperación democrática, el panorama educativo, laboral y de su propia vida es, en el mejor de los casos, complicado y sin un horizonte de luz aparente. Hoy la segregación educativa es casi natural. Las familias que envían a sus hijos a la educación pública encuentran hoy que hay diferentes niveles de formación. No tiene la misma formación y por ende las mismas oportunidades un chico que va a una escuela o liceo ubicado en un contexto social crítico, que uno que vaya a otro que está en uno más favorable. Dicho en otras palabras: no recibe la misma educación un niño que concurre a la escuela en el barrio Borro, que el que va a la escuela Grecia de Punta Carretas, a pesar de que ambas sean públicas y estén ubicadas en la capital.
Los hogares pobres envían a sus hijos a escuelas pobres, y como tal continúan sus trayectorias educativas y laborales, si es que no abandonan el estudio por el camino, uno de los más grandes problemas que afecta hoy a la educación uruguaya.
En cambio, los hijos de sectores profesionales o de aquellos económicamente más aventajados, logran escalar en el proceso de formación y en las relaciones sociales.
Todo a pesar del esfuerzo realizó y que realiza la sociedad en pos de otorgarle a la educación los recursos necesarios y otros aspectos (Ej.: plan Ceibal) para salir a flote. Pero lo cierto es que estos 25 años de democracia no han logrado revertir esta situación de descaecimiento, por el contrario, en este tiempo se ha agudizado. Esto conlleva a un deterioro de ciudadanía desde el momento que quienes provienen de estos sectores bajos o aun, medios bajos, no han podido transitar con éxito la educación media, requisito mínimo para acceder a alguna oportunidad laboral. De esta manera, los jóvenes caen en un circuito de desaliento, malas oportunidades laborales, menores derechos, bajas expectativas y nulo porvenir, que lleva, en la mayoría de los casos, al camino del delito.
En la anterior columna (sábado 17) nos referíamos al porcentaje de población reclusa que tiene Uruguay: 274 detenidos por cada cien mil habitantes, mientras que en España, el país de la Unión Europea con mayor cantidad de presos, tiene 146 cada cien mil habitantes.
En Uruguay, el desempleo juvenil, esto es de personas de entre 18 y 24 años llega al 20%. Quizás esta cifra pueda explicar en algo, no en su totalidad, los altos índices de delincuencia que padece nuestro país.
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