El fuego, originado de manera accidental por un corto circuito o por la caída de una frazada sobre un calentador, se propagó rápidamente: bastaron menos de cinco minutos para que ardiera la cuadra donde dormían los internos. El saldo fue, como se dijo, tremendo. Allí se alojaban 20 reclusos, cuando tiene ese lugar capacidad para ocho personas. Este dato ya da la dimensión del hacinamiento que se vive en ese centro de reclusión.
Según un informe del comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, “al 30 de junio de 2009 la población carcelaria de Rocha era de 174 presos, donde el 30% son primarios y el resto reincidentes que conviven en medio del hacinamiento que para esa cárcel alcanza el 290%”. Como se puede ver esa convivencia hace casi imposible la reeducación de los presos primarios, convirtiéndose las cárceles, la de Rocha en este caso, pero muchas otras, en una escuela del crimen.
La situación en la cárcel de Rocha se vio agravada, además, por otras cuestiones oportunamente advertidas por el comisionado hace cinco años atrás.
“El local es obsoleto y completamente inadecuado, por lo que deberá ser sustituido. Mientras tanto, se recomienda la sustitución de las precarias divisiones internas de los pabellones colectivos (“tolderías”) por tabiques de madera u otros materiales adecuados. A tales efectos, se deberá proveer a la Jefatura los fondos necesarios”.
Las llamadas “ranchadas” o “tolderías” acumulan gran cantidad de materiales altamente combustibles (frazadas, sábanas, bolsas de nylon, cartones), en torno a precarias instalaciones eléctricas y múltiples fuentes de calor y son las divisorias por medio de las que, en medio del hacinamiento, la población reclusa construye e intenta mantener mínimos espacios de privacidad.
El uso de estas “ranchadas” o “tolderías” está presente en casi todos los centros de reclusión del país por lo que el riesgo de incendio afecta directamente a cerca del 80% de la población reclusa del país
El informe agregaba que “en poco tiempo y a bajo costo para el Estado, podrían erradicarse las “ranchadas”. Para ello sería necesario instalar otras divisorias, de materiales más adecuados, que compatibilizarían el derecho a la privacidad con niveles aceptables de seguridad”. Sin embargo, nada se hizo y tras el incendio y las muertes, todo sigue igual.
Como si fuera poco, la cárcel de Rocha, según un informe de Bomberos del pasado 22 de setiembre, no cuenta con la habilitación correspondiente.
En el momento del incendio, la cárcel no contaba con suficientes elementos de seguridad y los dos extintores que había en el recinto no estaban recargados, luego de haber sido usados en un siniestro anterior.
Sin palabras.
¿Se habrían evitado las muertes si el Ministerio del Interior hubiera seguido las recomendaciones del comisionado? La respuesta es difícil de contestar, pero lo cierto es que por lo menos habría menos oportunidades para que se desatara una tragedia.
El tema ha tomado estado político con el anuncio de una interpelación al Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que será llevada adelante por el diputado blanco de la UNA, José Carlos Cardoso, anuncio éste rechazado por el Frente Amplio. Unos y otros se acusan por el uso político-partidario del desgraciado episodio. Incluso, en las últimas horas entró a tallar cierta vieja rivalidad entre los diputados locales, el ya nombrado Cardoso y el frenteamplista Aníbal Pereyra, que han desnaturalizado el debate y la búsqueda de soluciones con un ánimo positivo y no mezquino.
Pero en medio de tanto barullo y ruido mediático hay una cosa que sí es cierta: la situación en las cárceles uruguayas es dramática y esto requiere el concurso de todos. Fue necesario, sin embargo que el relator especial de la ONU para la Tortura, Manfred Nowak, presentara en marzo de 2009 un informe en el que señalaba que “las condiciones de detención (en Uruguay) han ido constantemente empeorando”, y que “existe una urgente necesidad de tomar medidas” para evitar “violaciones a los derechos humanos”. En estos momentos hay 9.200 reclusos en todo el país, lo que supone 274 detenidos por cada cien mil habitantes, mientras que en España, por poner un ejemplo, hay 146 cada cien mil habitantes y es el país de la Unión Europea con mayor índice de presos. Quiere decir que Uruguay ostenta un récord poco edificante. Ahora bien, esto se puede deber a la eficiencia del accionar policial o a otra causa, la social, que hace que, ante la falta de oportunidades o por la búsqueda de facilidades para obtener lo que se ansía, se use el atajo del delito. Los atajos, por definición, abrevian los caminos, pero a veces no conducen a ningún lugar.
En todo caso, la sociedad uruguaya está ante un problema que hay que atacar por todos los frentes.
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