La fiscal en lo penal solicitó a la Suprema Corte de Justicia la exclusión de la Ley de Caducidad para dos expedientes, vinculados a una de las causas llevadas adelante contra Juan María Bordaberry. La solicitud de la legista permitiría sentar en el banquillo de los acusados a militares responsables de 24 homicidios cometidos durante los primeros años de la dictadura cívico - militar, etapa en que dicho régimen estuvo presidido por Bordaberry.
Según consigna el matutino La República la solicitud de Tellechea acciona contra los tres primeros artículos de la mencionada ley, entendiéndola violatoria de diversas disposiciones constitucionales, así como de vulnerar el derecho de las víctimas a acceder al sistema judicial para investigar las desapariciones de personas y castigar a los culpables de las mismas.
Las acciones llevadas adelante por la profesional se refieren a dos causas anexas al expediente por el que recientemente fuera condenado el ex dictador, por los cargos de Atentado a la constitución, nueve desapariciones forzadas y dos homicidios políticos.
El primero de dichos recursos tiene que ver con la cusa caratulada como "García Hernández, Amaral y otros" Ficha 173-318/2006. Dicho expediente corresponde a la investigación del fusilamiento de cinco militantes del MLN- T en la localidad canaria de Soca, víctimas que habrían sido trasladadas de forma clandestina en diciembre de 1974 desde Argentina, país donde se habían exiliado. La segunda excepción solicitada por la fiscal comprende la causa caratulada como "Organizaciones de derechos humanos" Ficha 2, mediante la cual se investiga una veintena de homicidios cometidos entre los años 1973 y 1976.
"La indagatoria que hasta el presente se ha realizado nos lleva a la conclusión de que eventualmente existirían sujetos implicados en los hechos que no se encuentran comprendidos en la ley a los que, de estimarse probada la comisión de los delitos, podrían atribuírseles las responsabilidades penales (solamente nos referimos a los sujetos civiles)", señala Tellechea en ambos documentos, según recoge el mencionado periódico.
"Sin embargo, atento a lo establecido en la Ley Nº 15.848 nos veríamos imposibilitados de proseguir las actuaciones contra los funcionarios militares y/o policiales, equiparados o asimilados, aunque se pruebe la responsabilidad penal de ellos", señala la fiscal a la hora de justificar su solicitud.
Los escritos interpuestos por la Fiscalía señalan argumentos ya utilizados previamente contra la legalidad de la Ley de Caducidad. Algunos de dichos argumentos ya fueron empleados por la SCJ en la sentencia Nº 365, del 19 de octubre del pasado año, que culminara con la exclusión de la cuestionada norma del caso Nibia Sabalsagaray.
Asimismo, los textos presentados por Tellechea señalan que los artículos 3 y 4 de la Ley de Caducidad violan el principio de separación de poderes, ya que pone en manos del Poder Ejecutivo potestades cuya competencia correspondería al Poder Judicial.
"La ley introduce una situación especial en la que el Poder Ejecutivo puede truncar el inicio de un procedimiento penal decidiendo por sí y ante sí, determinando que un grupo de personas resultan inmunes frente a la jurisdicción penal, teniendo en cuenta el cargo que ostentaban cuando supuestamente cometieron los delitos denunciados a la justicia penal, lo cual violenta la Carta Magna", argumenta la funcionaria.
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