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Tan cuestionada como consumida, la marihuana se encuentra por todas partes en Colombia. Viajo disfrutando de los placeres que el cannabis provee y sufriendo las consecuencias de una guerra contra las drogas que ha fracasado.
| 26/02/2016
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Es un secreto a voces: en el patio de una universidad pública de Cali venden marihuana barata y abundante. La gente llega tranquila a comprar en las mesas instaladas al aire libre, en pleno día, bajo un cañaveral alto.
El tipo no quiere demoras. Tiene encendedores, hojillas y dos opciones de marihuana sobre la mesa, a 5.000 pesos colombianos la ziploc. Por algo más que tres dólares -o cien pesos uruguayos- me vende una bolsa grande con las flores suaves de Corinto y una bolsa más chica con los cogollos resinosos de la marihuana de interiores conocida como “Cripi”.
Cuentan que en Corinto el cannabis florece por doquier. El pueblo, ubicado a solo 60 kilómetros de Cali, está en el epicentro de la producción de marihuana en Colombia. Tanta abundancia tiene una explicación: buena parte de las plantaciones de la zona están protegidas por el Sexto Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que cobran “impuestos revolucionarios” -o “vacunas extorsivas”- a los narcos que traficarán las flores.
Es un logro trágico del tabú: igualar al placer con el vicio. Son consecuencias de la guerra contra las drogas: traficantes vendiendo donde se les canta, guerrilleros camuflándose con plata de los narcos, consumidores perseguidos por buscar aquella euforia.
En Cartagena de Indias nos pasó un par de veces. Salimos a la tardecita con Sol a fumar un porro, eligiendo un lugar tranquilo donde no molestar a nadie, y en eso estábamos cuando nos encontró la policía. Bajón, requisa, presiones, tanteo. Sus palabras y sus silencios lo delataban: habría que ser necio para no entender que esperaba una coima, aunque la ley te permita tener hasta veinte gramos de cannabis en los bolsillos. Habría que ser necio para caer en su juego y pagarle pero también ciego para no ver la boca de expendio a la vuelta de la comisaría.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, lo dijo en mayo del año pasado: “En el año 1961, cuando se suscribió la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, el mundo inició una guerra que hoy, 54 años después, tenemos que reconocer que no hemos ganado. Llevamos 54 años en guerra y no la hemos ganado”.
De hecho, su gobierno está dando señales de cambio: ha cortado las fumigaciones de glifosato sobre los campos de coca, amapola y marihuana, ha legalizado el uso del cannabis con fines medicinales y está proponiendo revisar las políticas de drogas a nivel global y nacional en el marco de los acuerdos de paz con las FARC.
Entretanto en Medellín hay dealers que venden porros que dan miedo, cigarros de marihuana ya armados con una metralleta o una calavera impresas como marca sobre las hojillas. Son símbolos, formas en que los mafiosos dicen: esta es nuestra mercancía, acá vendemos nosotros, no te hagas el gil. Esas marcas recuerdan y reviven la historia de violencia asociada a las drogas en una ciudad que sufrió la furia del narcoterrorismo en manos de Pablo Escobar y su Cartel de Medellín.
Aunque las peores épocas han pasado y hoy Medellín se reinventa como ciudad, tiene razón el presidente Santos en decir que ese éxito relativo “ha tenido un precio muy alto que pagamos con la vida y la sangre de varios de nuestros mejores jueces, nuestros mejores periodistas, nuestros mejores policías, nuestros mejores soldados, nuestros mejores dirigentes políticos”.
Las nuevas formas de regular el mercado de la marihuana que implementa Uruguay -junto a algunas regiones de Europa y Estados Unidos- se están debatiendo en Colombia. Si solo fuera por frenar la violencia del narcotráfico, la idea ya estaría justificada. Pero el fin de la criminalización es también necesario para combatir la corrupción de políticos y policías, para redirigir la inversión en represión hacia escuelas y hospitales y para tratar a los usuarios de drogas con el respeto que nos merecemos.
En el escenario que Colombia plantea parecería que la opción más digna sería abandonar el consumo, pensando que uno no debería usar una sustancia que acarrea historias tan turbias. Pero la carga del problema no está en quiénes fumamos para despertar nuestra sensibilidad o para relajarnos con amigos sino en quienes insisten en poner espinas sobre las flores.

 Publicado por El Acontecer Diario


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